Por un lado, nos encontramos con la entidad que regula y establece cuales son las reglas, obligaciones y deberes de las empresas respecto a la factura electrónica. En el caso de España, es la Agencia Tributaria quien desde el comienzo ha establecido las pautas a seguir de acuerdo a las directrices comunitarias europeas.

La legislación actual que regula la facturación electrónica está basada en varios documentos legales como Directivas Europeas, Ordenes Ministeriales, Reales Decretos y resoluciones de la Agencia Tributaria (AEAT).

El valor tributario que posee la factura implica de lleno a la AEAT en su labor regulatorio.

Por otro lado, se ha establecido que para que una factura electrónica tenga validez legal y fiscal debe ir firmada con un certificado homologado por la AEAT. Estos certificados son emitidos por Autoridades de Certificación.

Otro actor necesario, además de poseer un certificado electrónico, es tener un mecanismo o sistema de desmaterialización de facturas que permita a raíz de ese certificado realizar el proceso de firma electrónica avanzada sobre el documento que representa la factura.

Y finalmente están los dos actores más importantes para que una factura tenga lógica empresarial. Un emisor que genere la factura a raíz de la venta o alquiler de un producto o servicio y un receptor que reciba dicha factura y que se prepare para el pago por el producto o servicio prestado.